Tenía que salir a la superficie. En algún momento tenia que salir. Es “el tema”, el nudo central del proyecto de poder que gobierna la Argentina desde 2003. Algunos se resistían a aceptarlo públicamente, culpando- cuando no- a los desvaríos de la oposición. Otros, más hipócritas, lo disfrazaban de “una necesidad del sistema institucional” para pasar al parlamentarismo.
Desde ayer, se sabe por voces inobjetables oficiales que “la madre de las batallas” que se viene es la reforma constitucional, con el propósito de “consolidar el proyecto nacional y popular”.
Sería bueno que las verdaderas intenciones no vengan en grageas esporádicas, como las declaraciones aludidas anteriormente y alguien se anime a reconocer públicamente que lo que se pretende es resolver no un problema de la Argentina o de sus ciudadanos, sino un “problemón” sólo del kirchnerismo, la sucesión de la Presidenta dentro de cuatro años.
Si el proyecto nacional y popular estuviera asentado sobre bases realmente sólidas e inmutables, los protagonistas, inclusive el propio liderazgo, serían secundarios. Pero esta claro que, como lo hemos diferenciado desde siempre, un modelo de poder es algo muy distinto a un modelo de país. En aquel, la existencia del líder que de manera excluyente y exclusiva detenta el poder, se convierte en un arma traicionera, porque cuando “está” en el poder, todo funciona con disciplina, obsecuencia, consecuencia, o como se quiera calificar. Pero cuando “no está”, es decir cuando se mira hacia arriba y, hacia adelante y el líder ya no se encuentra, el proyecto amenaza resquebrajarse en indisciplina, traiciones, peleas y, entre otras muchas cosas, pases de facturas.
Si verdareramente el oficialismo tuviera sanas y buenas intenciones respecto a la Constitución Nacional, promoviendo un debate sobre sus vicios y virtudes más allá de las coyunturas del poder, quiero aportar a ese debate una mirada que me acompaña desde hace varios años y que he tratado de defender en importantes debates parlamentarios, algunos de ellos con la propia Presidente de la Nación cuando ocupaba una banca en el Senado.
Parto de la afirmación de que el kirchnerismo, en estos ocho años de gobierno, ya reformó la Constitución de 1994. Y lo hizo sin ley que declarara su necesidad y sin Convención Constituyente que la redactara. Con el sustento sólo de su mayoria y de su arbitrio, más cerca de la arbitrariedad, por supuesto.
La reformó cuando aplicó los nuevos Institutos nacidos en 1994 en sentido absolutamente contrario al escrito y al debatido en Santa Fe hace ya casi 18 años.
Vamos a los ejemplos. Los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron incorporados como medidas excepcionales de legislación por parte del PEN. Este Gobierno los considera – y los utiliza- de manera habitual, usando al Congreso sólo como de validación puramente formal.
La delegación de facultades esta expresamente prohibida, mas hoy la administración tiene dos herramientas que contrarían ese principio: los famosos superpoderes y la prórroga anual de la Ley de Emergencia que viene de la crisis post 2001.
El Federalismo de 1994 fue un avance extraordinario en terminos de teoría política, acuñando el principio de “Federalismo de concertación”, con instituciones concretas como la nueva Ley de Coparticipación o la Agencia Fiscal Federal. Hoy no sólo no tenemos ley ni agencia. El federalismo actual ha mutado en “Federalismo de Sumisión”, tal cual se muestra en las fotos de cada acto público y, lo que es peor, en los números de las transferencias a las provincias, sean estas automáticas o discrecionales.
El Consejo de la Magistratura fue creado para dar un salto cualitativo en el ejercicio del prinicipio rector de la independencia del Poder Judicial. Se trataba de eliminar componentes discrecionales tanto en la selección como en la destitución de Magistrados. A la luz de los resultados y más allá de la buenas intenciones de muchos protegonistas -lo que me consta por haber sido Consejero-, la decisión oficial de sujetar ambos procedimientos al sólo y puro interés del poder, ha devaluado y desnaturalizado al Consejo al punto que hoy ni sus propios miembros creen en él. Y si alguien cree que exagero, basta con darse una vuelta por sus Plenarios cuando se discute- y se vota- algunas de las tantas denuncias contra jueces famosos.
En fin, podría seguir con los ejemplos, tales como la Jefatura de Gabinete o la Auditoría General de la Nación, pero creo que con lo dicho basta y sobra.
Si se quiere reformar la Constitución porque el proyecto nacional no aguanta sin reelección, díganlo. Y si quieren reformarla para avanzar en nuevos Institutos, desistan de la “contrareforma” fáctica de estos últimos años y otorguenle una oportunidad a los Convencionales de 1994 de ver como funciona en la práctica lo escrito por aquellos años.
No obstante eso, creo necesario poner en valor la iniciativa que hace cinco años tuvieron dos diputados nacionales radicales, Pedro Azcoiti y Federico Storani. Ambos diputados pidieron en un proyecto parlamentario la desclasificación del citado informe y la impresión de cinco mil ejemplares para acceso público. Ese proyecto no fue viabilizado por el oficialismo, lejos de ello fue cajoneado.