En primer lugar, la publicación del Informe Rattenbach, decisión elogiable porque aporta a la transparencia pública. El acceso por parte de la ciudadanía a la información clasificada y restringida siempre es bienvenido. Más allá de que contenido parcial del informe, y el informe mismo hayan sido dados a conocer y publicados por revistas y diarios.

No obstante eso, creo necesario poner en valor la iniciativa que hace cinco años tuvieron dos diputados nacionales radicales, Pedro Azcoiti y Federico Storani. Ambos diputados pidieron en un proyecto parlamentario la desclasificación del citado informe y la impresión de cinco mil ejemplares para acceso público. Ese proyecto no fue viabilizado por el oficialismo, lejos de ello fue cajoneado.

En segundo término se refirió la presidenta a las acciones que a través de la cancillería, se interpondrán en las Naciones Unidas. Por una parte el planteo en la Asamblea General del organismo para instar a la negociación en el marco del Comité de las Naciones Unidas para la Descolonización.

Aunque haya sido obviado en el discurso, debemos recordar que esta acción se lleva adelante desde el año 1965, oportunidad en que, la acción diplomática del gobierno de Arturo Illia consiguió la promulgación de la reconocida declaración 2065/65. Aquella fue la primera vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la situación colonial de Malvinas, situación que se repite año a año con acompañamiento y apoyo de numerosos países de todo el mundo.

En otra instancia, la presidenta señaló la presentación que se llevará adelante ante el consejo de Seguridad del mismo organismo, denunciando la militarización del Atlántico Sur. Iniciativa que juzgamos correcta, más allá del previsible final en el ejercicio del derecho a veto tanto del Reino Unido como de alguno de sus países aliados.

Esperemos que este impulsivo interés del gobierno en el tema no sea un espasmo en busca de distracciones. El tema Malvinas es de largo plazo y requiere convicciones firmes y coordinación entre los diversos actores políticos. El radicalismo siempre estará dispuesto a colaborar cuando la defensa de nuestros derechos soberanos se ejercite en un marco pacífico, transparente y con sinceras convicciones de cara a la sociedad.

Desde ayer, se sabe por voces inobjetables oficiales que “la madre de las batallas” que se viene es la reforma constitucional, con el propósito de “consolidar el proyecto nacional y popular”.

Sería bueno que las verdaderas intenciones no vengan en grageas esporádicas, como las declaraciones aludidas anteriormente y alguien se anime a reconocer públicamente que lo que se pretende es resolver no un problema de la Argentina o de sus ciudadanos, sino un “problemón” sólo del kirchnerismo, la sucesión de la Presidenta dentro de cuatro años.

Si el proyecto nacional y popular estuviera asentado sobre bases realmente sólidas e inmutables, los protagonistas, inclusive el propio liderazgo, serían secundarios. Pero esta claro que, como lo hemos diferenciado desde siempre, un modelo de poder es algo muy distinto a un modelo de país. En aquel, la existencia del líder que de manera excluyente y exclusiva detenta el poder, se convierte en un arma traicionera, porque cuando “está” en el poder, todo funciona con disciplina, obsecuencia, consecuencia, o como se quiera calificar. Pero cuando “no está”, es decir cuando se mira hacia arriba y, hacia adelante y el líder ya no se encuentra, el proyecto amenaza resquebrajarse en indisciplina, traiciones, peleas y, entre otras muchas cosas, pases de facturas.

Si verdareramente el oficialismo tuviera sanas y buenas intenciones respecto a la Constitución Nacional, promoviendo un debate sobre sus vicios y virtudes más allá de las coyunturas del poder, quiero aportar a ese debate una mirada que me acompaña desde hace varios años y que he tratado de defender en importantes debates parlamentarios, algunos de ellos con la propia Presidente de la Nación cuando ocupaba una banca en el Senado.

Parto de la afirmación de que el kirchnerismo, en estos ocho años de gobierno, ya reformó la Constitución de 1994. Y lo hizo sin ley que declarara su necesidad y sin Convención Constituyente que la redactara. Con el sustento sólo de su mayoria y de su arbitrio, más cerca de la arbitrariedad, por supuesto.

La reformó cuando aplicó los nuevos Institutos nacidos en 1994 en sentido absolutamente contrario al escrito y al debatido en Santa Fe hace ya casi 18 años.

Vamos a los ejemplos. Los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron incorporados como medidas excepcionales de legislación por parte del PEN. Este Gobierno los considera – y los utiliza- de manera habitual, usando al Congreso sólo como de validación puramente formal.

La delegación de facultades esta expresamente prohibida, mas hoy la administración tiene dos herramientas que contrarían ese principio: los famosos superpoderes y la prórroga anual de la Ley de Emergencia que viene de la crisis post 2001.

El Federalismo de 1994 fue un avance extraordinario en terminos de teoría política, acuñando el principio de “Federalismo de concertación”, con instituciones concretas como la nueva Ley de Coparticipación o la Agencia Fiscal Federal. Hoy no sólo no tenemos ley ni agencia. El federalismo actual ha mutado en “Federalismo de Sumisión”, tal cual se muestra en las fotos de cada acto público y, lo que es peor, en los números de las transferencias a las provincias, sean estas automáticas o discrecionales.

El Consejo de la Magistratura fue creado para dar un salto cualitativo en el ejercicio del prinicipio rector de la independencia del Poder Judicial. Se trataba de eliminar componentes discrecionales tanto en la selección como en la destitución de Magistrados. A la luz de los resultados y más allá de la buenas intenciones de muchos protegonistas -lo que me consta por haber sido Consejero-, la decisión oficial de sujetar ambos procedimientos al sólo y puro interés del poder, ha devaluado y desnaturalizado al Consejo al punto que hoy ni sus propios miembros creen en él. Y si alguien cree que exagero, basta con darse una vuelta por sus Plenarios cuando se discute- y se vota- algunas de las tantas denuncias contra jueces famosos.

En fin, podría seguir con los ejemplos, tales como la Jefatura de Gabinete o la Auditoría General de la Nación, pero creo que con lo dicho basta y sobra.

Si se quiere reformar la Constitución porque el proyecto nacional no aguanta sin reelección, díganlo. Y si quieren reformarla para avanzar en nuevos Institutos, desistan de la “contrareforma” fáctica de estos últimos años y otorguenle una oportunidad a los Convencionales de 1994 de ver como funciona en la práctica lo escrito por aquellos años.

Hoy a la mañana, según estaba pautado, presenté mi informe en una reunión pública.

Para ordenar la actividad, FAVIM nos envió una guía que incluía 7 temas: Proyectos presentados como autor y coautor, comisiones en las cuales participé como legislador, cómo está compuesto el equipo de trabajo en el Senado, cómo articulé mi labor parlamentaria con la situación provincial, de qué forma vinculé mis actividades con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), qué iniciativas impulsé para propiciar la transparencia legislativa y en qué temas me encuentro trabajando de cara al ejercicio legislativo 2012.

Para ordenar mi exposición desarrollé con una presentación de Power Point que les dejo a continuación. A su vez, en formato de PDF les dejo la respuesta puntual a cada una de los puntos planteados y mis intervenciones en cada una de las sesiones de la Cámara durante el año. A ello adicioné las preguntas que envié al Jefe de Gabinete en ocasión de su visita según establece el artículo 100 de la Constitución.

Estos cuatro documentos que preparé para esta ocasión, no los presento sólo para cumplir con el requerimiento de FAVIM, sino que utilizando el blog, Facebook y Twitter aprovecho para rendir cuentas de mi actividad legislativa y someterla a los comentarios, sugerencias y análisis de la ciudadanía.

Esa tarde, como Presidente del partido, expuse una memoria del último año de gestión de Comité Nacional y algunas ideas que creo sirven para enriquecer ese debate en torno al futuro del radicalismo.

Se los dejo en un documento de PDF. Es un original que está abierto a las opiniones, los disensos y los aportes de todos. Espero sus comentarios y puntos de vista.

Desde diciembre de 1983 pasaron casi 28 años. En el medio, hubo un Presidente con decisión y coraje, desafíos corporativos a una democracia joven y débil, voluntad de olvidar en los `90 y nuevamente decisión política años atrás.

Fueron 28 años en los que vivimos alegrías y desencantos; como sociedad, crecimos en base a la polémica y el diálogo, el debate y los acuerdos. Pese a ello, teníamos –y aún tenemos- algunos pendientes.

Uno de ellos es pasado oscuro del que la Justicia nada decía, aunque el pueblo, desde la memoria colectiva, tenía la necesidad de verla echando luz y diciéndonos quién, cómo, cuándo; aunque nunca entendamos y jamás avalemos los por qué.

En el medio, una incesante lucha de miles de ciudadanos, que durante estos casi 30 años, más allá de las decisiones políticas, avances y retrocesos, no pusieron freno a una decisión: sostener la Memoria colectiva, exigir la Verdad y hacer Justicia.

Algunas personas y un lugar representan, en el retrato colectivo, a la dictadura más cruel, destructiva y violenta que asoló el país.

En 1985 fueron Videla, Massera y Agosti quienes, entre otros, comparecieron, con el correspondiente derecho de defensa, ante seis jueces civiles. Fueron condenados en un juicio histórico que mostró que la democracia que volvía, volvía para quedarse y para hacerlo con Justicia y Verdad.

Aquella proeza posibilitó que ayer Astiz y Acosta, entre otros, se crucen con la Justicia por muchas de las atrocidades que encabezaron en la ESMA, después de 28 años.

Ayer, 16 emblemas de la dictadura, escuchando a la Justicia, vieron que nuestra sociedad, no exenta de contradicciones, diferencias y debates, tiene una decisión que nadie desde la individualidad y la violencia podrá cambiar. El futuro se construye conociendo y recordando nuestro pasado y haciéndolo desde la Justicia, que echando luz sobre el pasado ilumina el futuro.

En aquel juicio de 1985, Julio César Strassera, el fiscal que llevó al banquillo de los acusados a la Junta Militar del ’76, dijo una frase que él mismo adjudicó a todo el pueblo argentino. Esa frase hoy suena una vez más tan fuerte como entonces: Nunca Más.

Si tomamos un discurso de la presidenta, cualquiera, de los más opacos a los más brillantes, encontraremos referencias permanentes al infierno que vivió el país, a la ejemplar supervivencia con políticas inclusivas, a la profundización de ese modelo y el “progresismo” como inspirador de las políticas públicas kirchneristas.

Mil definiciones distintas vamos a encontrar de progresismo, pero ninguna puede abstraerse de la ligazón que une a progresismo y progreso. El progresismo tiene que referir al progreso, si no, es cuento.

Ahora, sin negar el crecimiento evidente que experimenta la economía argentina, más allá de vientos de cola o de frente, de turbulencias, aciertos y errores del gobierno hay algo que resulta claro: más que impulsar el progreso, el crecimiento ha servido para conservar una estructura social injusta.

Hoy leyendo los diarios encuentro que, según un informe de Un Techo Para Mi País, en los 5 últimos años se han desarrollado en el conurbano bonaerense 90 asentamientos precarios más.

Quienes habitan estos asentamientos no tienen cubierto el acceso a derechos básicos: vivienda digna, agua y cloacas por ejemplo. Viven en una situación de precariedad alarmante y llegan, en parte, expulsados de sus provincias, donde las economías regionales no generan oportunidades de empleo y expectativas de desarrollo personal.

Decir que un gobierno se inspira en el progresismo implica que actúe y gestione mirando diez o veinte años más allá. Como decía Churchill respecto a los estadistas, de acá a una generación, no de acá a una elección.

Tener la valentía de impulsar medidas progresistas tiene costos; animarse a hablar de contenidos en educación y cuestionarse por qué toman cada vez más impulso los colegios y universidades privadas en lugar de los establecimientos públicos.

Pensar en serio al país desde el progresismo implica entre otras cosas reconocer el alarmante déficit habitacional que afecta a diez millones de argentinos y desarrollar programas de vivienda gestionados con dinero del Estado, por el Estado y para los ciudadanos. Tercerizar las políticas de desarrollo social y planificación, lejos de ser progresista, es profundizar el modelo de los ´90 que desde el Estado distribuía fondos que otros administraban.

Animarse a desarrollar políticas progresistas no puede dejar de lado la gestión del ambiente. Continuar la concentración poblacional en torno a las grandes ciudades tiene hoy altos costos sociales y ambientales. Continuar el camino de la concentración poblacional es directamente proporcional a reducir la calidad de vida de los ciudadanos.

Ser progresista es permitir el progreso. Para esto, la educación y la cultura del trabajo deben ser canales de ascenso social. Para progresar y abrir caminos, el Estado tiene que mirar al futuro.

El gobierno debe comenzar por dejar de provilegiar el capital político de sostener una sociedad desigual. No renunciar a eso es renunciar al progreso y renunciar al futuro.

Deben haber pocos temas como el federalismo tan recurrentes desde la independencia nacional. Está presente en los debates, pero generalmente en forma superficial, como un dogma constitucional y no como una herramienta para organizarnos como sociedad.

De hecho, algo dogmático hay en que a todos nos guste llamarnos federales. Peronistas o radicales, de izquierdas o derechas, más conservadores o más liberales; todos federales.

Hace ciento cincuenta años las rentas provenientes del puerto, la navegación comercial de los ríos y la definición de estrategias para insertarse en el mundo dividían a unitarios y federales. Aquella lucha la ganaron desde lo supuesto los federales: así, la argentina se definió como un estado federal. Desde los hechos bien podríamos cuestionar esa definición.

La Argentina, 150 años después es un país que sufre de “apoplejía en su cabeza y parálisis en sus extremidades”, tal como lo predigiera Alem en 1880. Los tendidos ferroviario y vial convergen en el puerto y la generación de riqueza y la población se concentran en los alrededores de la capital, donde también se reúnen los desarrollos tecnológicos y las actividades deportivas, culturales y académicas más trascendentes.

Tengo una convicción, tal vez propia de un ciudadano que viene del interior del interior y forma parte de un partido nacional: Este federalismo no nos sirve y su ineficacia resulta especialmente evidente en tiempos de crecimiento económico.

A nadie escapa que las economías regionales que no forman parte del dinamismo de la pampa húmeda mantienen una precariedad alarmante. La pobreza, por su parte -aún con los datos del INDEC-, muestra una altísima concentración en las provincias del norte. Índices más específicos, tales como la producción de trabajos científicos o la participación de la industria en el producto muestran aún más distancia entre las provincias centrales y las más alejadas.

El federalismo es necesario: Sí. Acerca la administración a la comunidad y sus prioridades, respeta las diferencias culturales, reconoce la existencia previa de las provincias y permite a su vez articular un proyecto común que equilibre desigualdades y engrandezca desde un horizonte común.

El federalismo es necesario, pero debe ser repensado. Durante los años ´90 y en el tren de desregular, privatizar y reducir el Estado, el gobierno nacional destruyó las empresas públicas y los grandes programas nacionales. La salud y la educación, derechos fundamentales, quedaron desarticulados con un discurso tan sustentado en el federalismo como inspirado en un abandono de responsabilidades del Estado central.

Ahora, con dinero en las cajas estatales algo queda a la intemperie. Decimos y repetimos que se crece sin desarrollo, y en esto, éste federalismo rengo mucho tiene que ver.

Hoy el federalismo argentino carece de reglas marco: un gobernador de otro partido no recibe ni agua de parte del gobierno nacional. El estado actúa a menudo, a través de terceros -la tercerización de la construcción de viviendas con el reciente escándalo que involucra a la Fundación de las Madres es un caso concreto-. No hay prácticamente legisladores nacionales que puedan representar cabalmente a sus provincias sin ser presionados por el gobierno central.

Este federalismo no sirve. Sirve el federalismo que se enmarca en un proyecto de país y no en una suma de proyectos locales o, en un proyecto político central. En nombre del federalismo, hay gobernadores que alambran sus provincias. En nombre del federalismo el oficialismo gobierna para los suyos. Mientras, los ciudadanos de la federación: bien, gracias.

De hecho, este fenómeno fue reflejado en estudios divulgados hace unos días. En ellos, la consultora SEL y el Observatorio de la Deuda Social expresan el fenómeno de los jóvenes Ni-Ni, que no estudian ni trabajan.

Los Ni-Ni no es una expresión sólo argentina, sino que se reproduce en buena parte del mundo; y no es monocausal: hay casos de chicos sobrecalificados, otros que no pudieron acceder a educación de calidad, y otros que no tienen ni necesidades ni motivaciones para trabajar o estudiar. Pero hay un punto en común que los cruza a todos: el problema tiene base en una carencia extendida de oportunidades y motivaciones.

Hoy, recogiendo esta preocupación refloté y reacondicioné un viejo proyecto que había presentado en 2009: la creación de un “Programa Nacional de Promoción de Inversiones para Jóvenes Emprendedores en las Economías Regionales”.

Puntualmente propone extender una línea de créditos de bajo costo, estabilidad fiscal y exención del pago de ganancias durante los primeros cinco años para jóvenes que emprendan en sus economías locales.

Con este proyecto pretendo poner en debate tres cuestiones distintas pero relacionadas.

En primer lugar, qué herramientas vamos a utilizar desde el Estado para facilitar a los jóvenes el ingreso al mundo del trabajo y la producción, teniendo en cuenta que la juventud es el sector etario más postergado en términos de empleo según las estadísticas oficiales.

En segundo lugar, qué medidas concretas tomamos para dinamizar las economías regionales. Mucho se habla de la migración y aglomeración poblacional en los grandes centros urbanos, mucho se dice también del crecimiento de la economía, pero muy poco se expresa en torno a pueblos que por falta de oportunidades se vuelven expulsores de sus jóvenes y se retraen cada vez más.

Finalmente, con qué políticas públicas vamos a reducir las vulnerabilidades de las PyMES. Dado que es el segmento de la economía con mayor potencial de absorción de mano de obra y a su vez el más sensible a las fluctuaciones de la economía.

Desde el Estado, tenemos la obligación de crear certezas y oportunidades, hay miles de jóvenes que con ideas, proyectos y desafíos, hoy se quedan con las ganas porque no encuentran contención y oportunidades para animarse. Con este proyecto pretendo acercar una idea que incluya, incentive y consolide a los que empiezan un camino y lo hacen desde una PyME y en su economía local.

La organización Missing Children, señala que los menores de 10 años y las personas con discapacidad son los más vulnerables, y los grandes centros urbanos los lugares donde principalmente se registra la problemática.

Se trata de un problema gravísimo que requiere respuestas sensatas y profundas. Hoy no se entrecruza información entre los organismos públicos de distintos estamentos gubernamentales y jurisdiccionales y las distintas dependencias que trabajan con menores no están intercomunicadas con las fuerzas de seguridad.

Las primeras horas de detectada la ausencia o extravío del menor son vitales para la resolución del caso. Para facilitar la labor de los organismos de seguridad en esas preciosas primeras horas es que presenté un Proyecto de Ley para crear una “Central Única de Coordinación de Alerta Temprana”.

Con esta central se advertirá la desaparición a todos los organismos de seguridad, nacionales e internacionales; las áreas del Poder Ejecutivo Nacional y de los Poderes Ejecutivos Provinciales, destinadas a la problemática de la pérdida o desaparición de menores, los medios masivos de comunicación, las redes sociales, los usuarios de telefonía celular a través de SMS, y las Organizaciones no Gubernamentales.

Para el proyecto consideramos distintos antecedentes legislativos, el Plan AMBER (America`s Missing Broadcast Emergency Response – Niños Extraviados: Transmisión de Respuesta a Emergencias) de los Estados Unidos, y el Protocolo ALBA establecido en México para atender y coordinar acciones de búsqueda en situaciones de desaparición o extravíos de mujeres y niños.

La desaparición de niños es un problema angustiante y complejo. No habrán respuestas mágicas que hagan desaparecer estos aberrantes casos, pero desde el Estado podemos crear instrumentos que faciliten el hallazgo de los chicos. Este proyecto es sólo un aporte, no tendrá costos que lo vuelvan inviable y no compromete al Estado con compromisos que no pueda cumplir, espero que pronto tengamos los argentinos nuestro sistema de alerta temprana.

El 14 de agosto a la noche, cuando se den a conocer los resultados de las Primarias, cada partido o Frente Electoral proclamará su fórmula presidencial, y sus listas de candidatos a legisladores nacionales.

Un cambio que hay es en lo relativo a las encuestas de intención de voto. Queda prohibido difundirlas en los ocho días previos a la elección general.

Para las elecciones nacionales queda prohibida desde 2011 la contratación de espacios audiovisuales por parte de los partidos políticos. Los espacios de publicidad se distribuirán desde el Estado Nacional y se repartirán un 50% en partes iguales para todos los partidos, y otro 50% proporcionalmente de acuerdo al resultado de la última elección.

Sin dudas las elecciones primarias son una novedad. En una primera instancia serán arduas de aplicar, como toda reforma electoral, pero es un primer paso para transparentar y simplificar los métodos para elegir a nuestros representantes.