La clave está ahí. Qué alcance le queremos dar a nuestras ideas. Allí aparece la disciplina más controvertida. Amada y odiada, pero políticamente infalible: la matemática. La matemática, la suma de uno más uno, construye las mayorías. Ser más o ser menos determina rumbos, distribuye poder, asigna lugares, ordena las instituciones.

La política en democracia es la búsqueda constante de la mayoría. La utopía es la concreción de los proyectos; el medio, las mayorías.

Hoy está de moda criticar y denostar a quienes desde un lugar no oficialista creemos que para construir un proyecto de mayorías hay que convocar y convencer a, al menos, una parte de los argentinos que en octubre formaron el 54% de votos que apostaron a la continuidad.

Esa crítica tiene al menos cuatro defectos que en materia política y social son graves.

El primer defecto: se trata de una mirada cortoplacista. Piensa cada iniciativa y cada debate como una batalla a todo o nada, y no ve en ese debate un posible final de acuerdos, decisiones compartidas y ganancia comunitaria.

El segundo error: es una posición profundamente especulativa. Quienes creen en el “oposicionismo” se olvidan que oponerse o acompañar es una expresión de un proceso. Es una consecuencia, no el fin en sí mismo. Y quienes confunden los medios con los fines –tanto desde el oficialismo como desde la oposición-, cometen errores que tarde o temprano, los pagamos todos.

En tercer lugar: es una mirada conservadora, pero conservadora con una carga negativa. Tiende a priorizar el fortalecimiento de una minoría descontenta en lugar de aspirar a conquistar una mayoría que supere en ideas y propuestas a la mayoría actual.

Finalmente, es perversa. Esa óptica apuesta a una argentina partida en mitades, abusa de las comparaciones y se encapricha en miradas que pueden llevar a una peligrosa endogamia política. Creen en términos de unos u otros, no de nosotros. Esa mirada apuesta al país bipolar y no se percata que la Argentina es un país diverso y de matices, que sólo progresa cuando encuentra equilibrios.

Esas miradas que van del éxito al fracaso, de la alegría a la angustia y de la felicidad al horror no reconocen la Argentina profunda, que espera propuestas de superación y quiere alternativas hacia adelante, que no cree en la propaganda del éxito permanente del gobierno ni en la cultura del fracaso de quienes hacen un culto de la negativa. Esas posiciones pierden la expectativa de un horizonte con un proyecto de nación compartido, que sea más justo, transparente, inclusivo y transformador que el modelo actual.

Como tal, es un reconocimiento a la dinámica social que genera, en su interrelación, nuevas figuras, nuevos espacios y nuevos derechos. Bienvenidas las leyes que recojan estos desafíos.

Sabemos que también existe la decisión política de avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal que repare el desguace producido en los últimos 20 años, fruto de reformas legislativas no siempre eficaces y muchas veces violatorias de los principios de sistematicidad y congruencia que deben abonar la materia penal. Estaremos allí también acompañando esa decisión para transformarla en ley.

Ahora bien, ojalá este rumbo reformista alcance a una asignatura pendiente que, valga la paradoja, tuvo a este mismo oficialismo como impulsor.

Nos referimos al Código Procesal Penal Nacional, cuyo proyecto fue elaborado durante más de un año (2005 / 2006) por una comisión de juristas y legisladores y presentado al Poder Ejecutivo Nacional en 2007.

Resulta incomprensible que a 5 años de aquel episodio, el mismo Gobierno lo mantenga en el olvido sin ningún tipo de explicación.

No quisiéramos pensar que el espíritu reformista se desvanece cuando se trata de meter mano en un ámbito de la justicia donde el actual sistema no parece el más adecuado para luchar contra la impunidad.

Hoy es la realidad la que obliga al gobierno a adoptar una estrategia política y comunicacional bastante curiosa, aunque carente de virtuosismo.

La estrategia es simple y clara, trasformar vicios en virtudes; desatinos propios y errores evidentes, en desafíos; y por supuesto, como desde 2003 a la fecha, el sacrificio en el altar de la patria del enemigo de turno.

Esta semana hemos tenido dos hecho políticos donde esta doctrina de gestión de la verdad kirchnerista ha quedado en evidencia: el tema subtes y la reversión de áreas petroleras a cargo de YPF.

En el primer caso no se les mueve un pelo cuando argumentan que la transferencia de subtes y micros a la ciudad está motivada en la defensa del federalismo, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y en la necesidad de profundizar el modelo.

Nada dicen que detrás de esa fachada están desesperados por sacarse de encima un combo de Cromagnon/Once de riesgo permanente, para dejar de ponerle plata a un sistema corrupto que los ha devorado y, como bonus track, ahogar financieramente al enemigo elegido en este período, el Jefe de Gobierno porteño.

En el segundo caso, la contradicción y la hipocresía son más evidentes. Bajo el ropaje de defender un modelo nacional de desarrollo energético, obligan a YPF a invertir en exploración e inclusive apuestan a revertir áreas, por supuestos incumplimientos. Mientras, el gobierno enmascara su ineficiencia al exigir el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos y su equivocada política de precios y “aliento” a la actividad en los últimos 8 años.

Un vicio es un hábito dañino, y como tal, daña con la persistencia del hábito y a largo plazo genera retrocesos que hacen cada vez más difícil la rutina. Una virtud, por el contrario, es una cualidad positiva que interviene para bien. Una virtud comunitaria, nos hace en el corto y en el largo plazo una mejor sociedad.

El problema se vuelve grande cuando tomamos los hábitos dañinos como virtudes. Cuando lo malo se cuenta como bueno y los vicios se relatan como virtudes. Por ese camino, los éxitos relativos y las pequeñas batallas ganadas pueden ser a la larga un camino directo al fracaso común.

No fue un anuncio porque no hubo nada concreto, como tampoco lo hubo en otros temas relevantes, así y todo es bueno, muy bueno, que el gobierno traiga a YPF al debate. Pocos partidos se pueden sentir tan cómodos debatiendo el tema, pero debatiendo con sinceridad, a cara descubierta y teniendo en cuenta la historia y las experiencias como tanto le gusta al Kirchnerismo.

YPF fue creada en los años ´20, a instancia del gobierno de Hipólito Yrigoyen, y más allá de algunas diferencias estratégicas en los años ´50 y ´60, siempre se mantuvo la concepción de un Estado presente en materia energética. Hasta los `90.

En los años `90 se dio un cambio profundo. Pero profundo en serio, es más, el caso de YPF es sin dudas el que más claro muestra la decisión inquebrantable del peronismo en los años `90: apartar al Estado en las decisiones económicas, y dejarlas completamente en manos del mercado.

Esa decisión tuvo muchos apoyos y fuertes cuestionamientos. Apoyaron al menemismo en ese remate muchos gobernadores, entre ellos Néstor Kirchner; y muchos entonces legisladores y hoy funcionarios, particularmente Oscar Parrilli, hoy Secretario General de la Presidencia y entonces informante del menemismo en la cámara de Diputados.

Desde entonces, el Estado tomó una postura casi invariable. Hacerse a un lado, ausentarse. Pero ausentándose no se declaró neutral, sino que tomó una postura que evidentemente, y tal como entonces señalaba el radicalismo, perjudicó más que nadie a los argentinos. Los entretelones de aquella privatización los explicó muy bien en una nota publicada hace algunos años, Rodolfo Terragno.

Pero teniendo claro ese pasado, los roles que ocupó cada uno y la coherencia partidaria (oro en polvo en la actividad política), tenemos que ver a dónde vamos. En función deeso, quiero dejar algunas pautas o principios que no debiéramos perder de vista en cuanto a YPF.

En primer lugar, el problema no es la empresa o los empresarios. El problema es el Estado, su visión estratégica y su decisión de hacer del sector energético un activo nacional. Como fue hasta los `80 YPF, como lo es hoy Petrobrás en Brasil.

En segundo lugar, cuál es el Estado que se va a involucrar en esto. ¿El Estado ausente de los últimos 20 años? ¿El Estado cómplice del descontrol y las desinversiones que la semana pasada se expresó en la tragedia de Once? O un Estado con proyecto, con rumbo, con consensos interpartidarios y objetivos comunes. Yo abono a esta última opción.

Finalmente, una expresión de deseo. Que la intercesión y el desembarco del Estado en YPF no sea como lo fue en Aerolíneas. No necesitamos un Estado que tire plata por una manguera oscura, necesitamos recuperar bienes y recursos estratégicos, un Estado que genere valor y certezas, no negocios a espaldas de todos.

En primer lugar, la publicación del Informe Rattenbach, decisión elogiable porque aporta a la transparencia pública. El acceso por parte de la ciudadanía a la información clasificada y restringida siempre es bienvenido. Más allá de que contenido parcial del informe, y el informe mismo hayan sido dados a conocer y publicados por revistas y diarios.

No obstante eso, creo necesario poner en valor la iniciativa que hace cinco años tuvieron dos diputados nacionales radicales, Pedro Azcoiti y Federico Storani. Ambos diputados pidieron en un proyecto parlamentario la desclasificación del citado informe y la impresión de cinco mil ejemplares para acceso público. Ese proyecto no fue viabilizado por el oficialismo, lejos de ello fue cajoneado.

En segundo término se refirió la presidenta a las acciones que a través de la cancillería, se interpondrán en las Naciones Unidas. Por una parte el planteo en la Asamblea General del organismo para instar a la negociación en el marco del Comité de las Naciones Unidas para la Descolonización.

Aunque haya sido obviado en el discurso, debemos recordar que esta acción se lleva adelante desde el año 1965, oportunidad en que, la acción diplomática del gobierno de Arturo Illia consiguió la promulgación de la reconocida declaración 2065/65. Aquella fue la primera vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la situación colonial de Malvinas, situación que se repite año a año con acompañamiento y apoyo de numerosos países de todo el mundo.

En otra instancia, la presidenta señaló la presentación que se llevará adelante ante el consejo de Seguridad del mismo organismo, denunciando la militarización del Atlántico Sur. Iniciativa que juzgamos correcta, más allá del previsible final en el ejercicio del derecho a veto tanto del Reino Unido como de alguno de sus países aliados.

Esperemos que este impulsivo interés del gobierno en el tema no sea un espasmo en busca de distracciones. El tema Malvinas es de largo plazo y requiere convicciones firmes y coordinación entre los diversos actores políticos. El radicalismo siempre estará dispuesto a colaborar cuando la defensa de nuestros derechos soberanos se ejercite en un marco pacífico, transparente y con sinceras convicciones de cara a la sociedad.

Desde ayer, se sabe por voces inobjetables oficiales que “la madre de las batallas” que se viene es la reforma constitucional, con el propósito de “consolidar el proyecto nacional y popular”.

Sería bueno que las verdaderas intenciones no vengan en grageas esporádicas, como las declaraciones aludidas anteriormente y alguien se anime a reconocer públicamente que lo que se pretende es resolver no un problema de la Argentina o de sus ciudadanos, sino un “problemón” sólo del kirchnerismo, la sucesión de la Presidenta dentro de cuatro años.

Si el proyecto nacional y popular estuviera asentado sobre bases realmente sólidas e inmutables, los protagonistas, inclusive el propio liderazgo, serían secundarios. Pero esta claro que, como lo hemos diferenciado desde siempre, un modelo de poder es algo muy distinto a un modelo de país. En aquel, la existencia del líder que de manera excluyente y exclusiva detenta el poder, se convierte en un arma traicionera, porque cuando “está” en el poder, todo funciona con disciplina, obsecuencia, consecuencia, o como se quiera calificar. Pero cuando “no está”, es decir cuando se mira hacia arriba y, hacia adelante y el líder ya no se encuentra, el proyecto amenaza resquebrajarse en indisciplina, traiciones, peleas y, entre otras muchas cosas, pases de facturas.

Si verdareramente el oficialismo tuviera sanas y buenas intenciones respecto a la Constitución Nacional, promoviendo un debate sobre sus vicios y virtudes más allá de las coyunturas del poder, quiero aportar a ese debate una mirada que me acompaña desde hace varios años y que he tratado de defender en importantes debates parlamentarios, algunos de ellos con la propia Presidente de la Nación cuando ocupaba una banca en el Senado.

Parto de la afirmación de que el kirchnerismo, en estos ocho años de gobierno, ya reformó la Constitución de 1994. Y lo hizo sin ley que declarara su necesidad y sin Convención Constituyente que la redactara. Con el sustento sólo de su mayoria y de su arbitrio, más cerca de la arbitrariedad, por supuesto.

La reformó cuando aplicó los nuevos Institutos nacidos en 1994 en sentido absolutamente contrario al escrito y al debatido en Santa Fe hace ya casi 18 años.

Vamos a los ejemplos. Los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron incorporados como medidas excepcionales de legislación por parte del PEN. Este Gobierno los considera – y los utiliza- de manera habitual, usando al Congreso sólo como de validación puramente formal.

La delegación de facultades esta expresamente prohibida, mas hoy la administración tiene dos herramientas que contrarían ese principio: los famosos superpoderes y la prórroga anual de la Ley de Emergencia que viene de la crisis post 2001.

El Federalismo de 1994 fue un avance extraordinario en terminos de teoría política, acuñando el principio de “Federalismo de concertación”, con instituciones concretas como la nueva Ley de Coparticipación o la Agencia Fiscal Federal. Hoy no sólo no tenemos ley ni agencia. El federalismo actual ha mutado en “Federalismo de Sumisión”, tal cual se muestra en las fotos de cada acto público y, lo que es peor, en los números de las transferencias a las provincias, sean estas automáticas o discrecionales.

El Consejo de la Magistratura fue creado para dar un salto cualitativo en el ejercicio del prinicipio rector de la independencia del Poder Judicial. Se trataba de eliminar componentes discrecionales tanto en la selección como en la destitución de Magistrados. A la luz de los resultados y más allá de la buenas intenciones de muchos protegonistas -lo que me consta por haber sido Consejero-, la decisión oficial de sujetar ambos procedimientos al sólo y puro interés del poder, ha devaluado y desnaturalizado al Consejo al punto que hoy ni sus propios miembros creen en él. Y si alguien cree que exagero, basta con darse una vuelta por sus Plenarios cuando se discute- y se vota- algunas de las tantas denuncias contra jueces famosos.

En fin, podría seguir con los ejemplos, tales como la Jefatura de Gabinete o la Auditoría General de la Nación, pero creo que con lo dicho basta y sobra.

Si se quiere reformar la Constitución porque el proyecto nacional no aguanta sin reelección, díganlo. Y si quieren reformarla para avanzar en nuevos Institutos, desistan de la “contrareforma” fáctica de estos últimos años y otorguenle una oportunidad a los Convencionales de 1994 de ver como funciona en la práctica lo escrito por aquellos años.

Hoy a la mañana, según estaba pautado, presenté mi informe en una reunión pública.

Para ordenar la actividad, FAVIM nos envió una guía que incluía 7 temas: Proyectos presentados como autor y coautor, comisiones en las cuales participé como legislador, cómo está compuesto el equipo de trabajo en el Senado, cómo articulé mi labor parlamentaria con la situación provincial, de qué forma vinculé mis actividades con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), qué iniciativas impulsé para propiciar la transparencia legislativa y en qué temas me encuentro trabajando de cara al ejercicio legislativo 2012.

Para ordenar mi exposición desarrollé con una presentación de Power Point que les dejo a continuación. A su vez, en formato de PDF les dejo la respuesta puntual a cada una de los puntos planteados y mis intervenciones en cada una de las sesiones de la Cámara durante el año. A ello adicioné las preguntas que envié al Jefe de Gabinete en ocasión de su visita según establece el artículo 100 de la Constitución.

Estos cuatro documentos que preparé para esta ocasión, no los presento sólo para cumplir con el requerimiento de FAVIM, sino que utilizando el blog, Facebook y Twitter aprovecho para rendir cuentas de mi actividad legislativa y someterla a los comentarios, sugerencias y análisis de la ciudadanía.

Esa tarde, como Presidente del partido, expuse una memoria del último año de gestión de Comité Nacional y algunas ideas que creo sirven para enriquecer ese debate en torno al futuro del radicalismo.

Se los dejo en un documento de PDF. Es un original que está abierto a las opiniones, los disensos y los aportes de todos. Espero sus comentarios y puntos de vista.

Desde diciembre de 1983 pasaron casi 28 años. En el medio, hubo un Presidente con decisión y coraje, desafíos corporativos a una democracia joven y débil, voluntad de olvidar en los `90 y nuevamente decisión política años atrás.

Fueron 28 años en los que vivimos alegrías y desencantos; como sociedad, crecimos en base a la polémica y el diálogo, el debate y los acuerdos. Pese a ello, teníamos –y aún tenemos- algunos pendientes.

Uno de ellos es pasado oscuro del que la Justicia nada decía, aunque el pueblo, desde la memoria colectiva, tenía la necesidad de verla echando luz y diciéndonos quién, cómo, cuándo; aunque nunca entendamos y jamás avalemos los por qué.

En el medio, una incesante lucha de miles de ciudadanos, que durante estos casi 30 años, más allá de las decisiones políticas, avances y retrocesos, no pusieron freno a una decisión: sostener la Memoria colectiva, exigir la Verdad y hacer Justicia.

Algunas personas y un lugar representan, en el retrato colectivo, a la dictadura más cruel, destructiva y violenta que asoló el país.

En 1985 fueron Videla, Massera y Agosti quienes, entre otros, comparecieron, con el correspondiente derecho de defensa, ante seis jueces civiles. Fueron condenados en un juicio histórico que mostró que la democracia que volvía, volvía para quedarse y para hacerlo con Justicia y Verdad.

Aquella proeza posibilitó que ayer Astiz y Acosta, entre otros, se crucen con la Justicia por muchas de las atrocidades que encabezaron en la ESMA, después de 28 años.

Ayer, 16 emblemas de la dictadura, escuchando a la Justicia, vieron que nuestra sociedad, no exenta de contradicciones, diferencias y debates, tiene una decisión que nadie desde la individualidad y la violencia podrá cambiar. El futuro se construye conociendo y recordando nuestro pasado y haciéndolo desde la Justicia, que echando luz sobre el pasado ilumina el futuro.

En aquel juicio de 1985, Julio César Strassera, el fiscal que llevó al banquillo de los acusados a la Junta Militar del ’76, dijo una frase que él mismo adjudicó a todo el pueblo argentino. Esa frase hoy suena una vez más tan fuerte como entonces: Nunca Más.