En la tragedia de la estación de Once, hace poco más de un año, quedó expuesta una larga lista de valores despreciables en la gestión pública: incompetencia, corrupción, descontrol y desidia.
Cinco días después, y tras un largo silencio para los argentinos que esperábamos serenidad y reflexión, la Presidenta reapareció y en un acto en Rosario dijo: “Vamos por todo”.
En los días posteriores, el dicho tuvo tantos significados como intérpretes y hoy, un año más tarde, estamos en condiciones de analizar con certeza el contenido de la frase presidencial que tiene, por cierto, múltiples implicancias en materia económica, institucional y, también, en el ámbito de la política exterior.
En el plano económico fue una consigna con más carga emocional que visión estratégica. La intervención pública, necesaria para paliar desigualdades y deformaciones del mercado, fue utilizada para intentar robustecer el poder discrecional de un gobierno que tiene que lidiar con las consecuencias de sus propios errores.
Así se decidió la estatización de YPF, buscando disimular una década de errores sostenidos en materia energética, reflejados en la necesidad de importaciones equivalentes al total de exportaciones del complejo automotor. Aparecieron las restricciones en el mercado de divisas y, más cerca en el tiempo, los congelamientos de precios que pretenden ocultar, como con la estafa del INDEC, las consecuencias de una inflación que es el resultado de la impericia en la gestión pública durante los últimos seis años.
En lo institucional, el intento de reformar la Constitución pretende retrasar el reloj que les pone límites a todos los populismos: las imposibilidades para procesar la sucesión. En este caso, de un gobierno que trabaja todos los días motivado por la más conservadora de las intenciones, la perpetuación en el poder.
En esta materia, el deterioro que sufrió el país durante este año fue gravísimo. Intervenciones sin tapujos en el Poder Judicial; una exposición cruda de la perversa relación de sumisión y dependencia a la que son sometidos -y se dejan someter- muchos gobernadores, intendentes y, también, empresarios y dirigentes gremiales; y la concentración de medios de comunicación alimentados por la arbitrariedad en la utilización de los recursos públicos.
En la política exterior, el país ha dado un giro tan abrupto como perjudicial, que nos alejó de las tres grandes prioridades que debiera tener nuestra inserción en el mundo. Primero, el fortalecimiento de la integración regional, afectada severamente por el estancamiento del MERCOSUR.
En segundo lugar, la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas, meta de la que nos aleja una política errática, guiada por gestos efectistas con repercusión interna antes que el cumplimiento del objetivo, que es –además- un mandato constitucional.
Finalmente, el reciente memorando firmado con la República Islámica de Irán, que representa una claudicación en la búsqueda de la verdad y la justicia en el atentado más lacerante que sufrió la Argentina, en pos de un acuerdo que ha fracasado antes de entrar en vigencia y que nos acerca, peligrosamente, a un grupo de naciones alejadas de los tradicionales valores de democracia, paz y libertad que han permanecido inalterables en la política exterior argentina desde 1983.
Así, el “Vamos por todo” es una consigna vacía de contenido estratégico para los intereses de la Nación, pero que desborda de significado conceptual.
Expresa la decisión de intentar perpetuarse en el poder de unos pocos aunque eso signifique tener un gobierno sin valores, hacer de la Argentina un país más pobre, consolidar una sociedad dividida e irritada y mostrar un país mal acompañado en el mundo.
