Hemos acompañado con satisfacción la presentación pública del anteproyecto de unificación y reformas al Código Civil y Código de Comercio. Se trata de un desafío institucional trascendente, que supera por lejos el mero ámbito de la Academia o el del Foro. Es un aporte a una sociedad civil plural, equitativa, democrática y moderna.
Como tal, es un reconocimiento a la dinámica social que genera, en su interrelación, nuevas figuras, nuevos espacios y nuevos derechos. Bienvenidas las leyes que recojan estos desafíos.
Sabemos que también existe la decisión política de avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal que repare el desguace producido en los últimos 20 años, fruto de reformas legislativas no siempre eficaces y muchas veces violatorias de los principios de sistematicidad y congruencia que deben abonar la materia penal. Estaremos allí también acompañando esa decisión para transformarla en ley.
Ahora bien, ojalá este rumbo reformista alcance a una asignatura pendiente que, valga la paradoja, tuvo a este mismo oficialismo como impulsor.
Nos referimos al Código Procesal Penal Nacional, cuyo proyecto fue elaborado durante más de un año (2005 / 2006) por una comisión de juristas y legisladores y presentado al Poder Ejecutivo Nacional en 2007.
Resulta incomprensible que a 5 años de aquel episodio, el mismo Gobierno lo mantenga en el olvido sin ningún tipo de explicación.
No quisiéramos pensar que el espíritu reformista se desvanece cuando se trata de meter mano en un ámbito de la justicia donde el actual sistema no parece el más adecuado para luchar contra la impunidad.
La estrategia es simple y clara, trasformar vicios en virtudes; desatinos propios y errores evidentes, en desafíos; y por supuesto, como desde 2003 a la fecha, el sacrificio en el altar de la patria del enemigo de turno.